EMPRESAS CÓMPLICES Y QUE SE LUCRAN CON EL GENOCIDIO Y LA OCUPACION:
POLÍGONO DE TIRO DE BARDENAS
El polígono de tiro de Bardenas es parte fundamental del entramado militar que utiliza el Estado Español para sostener su complicidad con el genocidio en Palestina. Su espacio aéreo pertenece a la Base militar de Zaragoza desde la cual, se han enviado más de 12 vuelos cargados con más de 900 toneladas de material militar con destino Tel Aviv, en el último año. En las instalaciones militares de Bardenas se entrenan las guerras en nombre de la “defensa”, mientras estas maniobras normalizan y permiten que se lleve a cabo la ocupación que hoy asesina a miles de personas en Palestina.
La Comunidad de Bardenas alquila este territorio al Ministerio de Defensa, que junto a los ejércitos de la OTAN prueban su material bélico y entrenan sus tácticas de bombardeo, la misma alianza criminal que arma a Israel para perpetrar esta barbarie. Además, este gobierno financia con nuestros impuestos la industria armamentística cómplice de genocidio.
En Bardenas se prueban muchos de los componentes militares fabricados por empresas vascas y españolas, que son vendidos a Israel y utilizados contra la población palestina. Algunos de ellos son componentes y sistemas de vigilancia fabricados por SENER en Bilbao, utilizados por drones, para vigilar y recopilar información de la población gazatí, detonadores fabricados por Maxam con sede en Madrid, que componen las bombas aéreas y de artillería usados por el ejército sionista en áreas urbanas, cohetes Spike-LR fabricados por Pap Tecnos, filial española de la empresa israelí Rafael, o los sistemas de guiado láser, fabricados por Indra, y probados como el resto en este polígono militar, localizado en pleno parque natural, Reserva de la Biosfera.
Desde aquí queremos señalar y denunciar a los responsables y cómplices que permiten que todo esto suceda en nuestro ámbito local, como son los ayuntamientos congozantes, los dos valles del Roncal y Salazar y el Monasterio de la Oliva, que manchan sus manos de sangre cobrando más de 14 millones de euros al año a cambio de permitir éste y otros genocidios. Recordar que en 2028 finaliza el contrato actual con el Ministerio de Defensa, ya están en marcha en redes sociales una campaña en contra de dicha prórroga.
